El Gobierno peruano, representado por la Cancillería y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, expresó su desacuerdo con el informe de la Relatoría Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, que critica el manejo de las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Las autoridades señalaron que el informe no refleja avances comunicados y cuestionaron las declaraciones de la relatora Gina Romero en redes sociales sobre la falta de implementación de recomendaciones, como disculpas públicas y reformas legales. En un comunicado, el Gobierno defendió sus acciones, destacando esfuerzos como la formación de un equipo para diseñar una Política Nacional de gestión de conflictos sociales y la disculpa ofrecida por la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, el informe subraya preocupaciones por el uso excesivo de la fuerza, el impacto en comunidades indígenas y rurales, y recomienda reformas para garantizar los derechos humanos, evitar la criminalización de protestas y cumplir estándares internacionales en las investigaciones.
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