Por: Guadalupe Pardo
El Gobierno de Perú rechazó las declaraciones de la relatora especial de la ONU para la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, quien expresó preocupación por el supuesto incumplimiento de las recomendaciones tras su visita en 2023, relacionadas con las muertes ocurridas en protestas. En un comunicado conjunto, los ministerios de Relaciones Exteriores y Justicia señalaron que las afirmaciones de Romero no reflejan los avances realizados, como el pedido de disculpas públicas de la presidenta Dina Boluarte. Por su parte, Romero agradeció la actualización proporcionada por la Cancillería, destacando propuestas para el diálogo social, pero enfatizó la importancia de atender recomendaciones sobre la estigmatización y criminalización de la protesta. Las movilizaciones entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 dejaron 49 civiles fallecidos, con las autoridades responsabilizando en varios casos a los manifestantes.
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